Comunicado contra la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior

Tras varias reuniones con el resto de los máximos órganos de representación estudiantil de las 6 universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid, hemos elaborado un comunicado conjunto en contra de la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES en adelante) el cual hemos presentado en la Asamblea de Madrid a la atención de todos los grupos, y a la atención de José Manuel Torralba.

Así mismo hoy en la 59 Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas se acaba de aprobar el apoyo por parte de CREUP al comunicado de las 6 universidades públicas de Madrid.

COMUNICADO DE LOS ESTUDIANTES

DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA CAM

Ante la publicación en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid del borrador del Anteproyecto de la Ley del Espacio Madrileño de Enseñanza Superior, los estudiantes de universidades públicas de la Comunidad de Madrid comunican su desacuerdo con el procedimiento seguido en su elaboración. Éste ha sido totalmente opaco y a espaldas de la Comunidad Universitaria en general y del estudiantado de las universidades públicas en particular. Las aportaciones y opiniones de los órganos estudiantiles consultados no han sido tenidas en cuenta, hecho que lamentamos profundamente.

Por otro lado, tras los debates en los respectivos máximos órganos de representación estudiantil, hacemos las siguientes consideraciones al respecto de la Anteproyecto LEMES:

⎯ El esfuerzo realizado por la CAM por intentar ordenar el EMES es de agradecer, y el documento propuesto tiene aspectos positivos como el incentivo para mejorar transparencia y para acabar con la endogamia universitaria. Así mismo, consideramos positiva la implantación del Distrito Único Universitario en la CAM, lo que facilitará el proceso de admisión entre otros aspectos.

⎯ Sin embargo, hay varios aspectos preocupantes. El primero de ellos, y más preocupante,es el sistema de financiación. El Anteproyecto no define con claridad la financiación básica, ni cuenta con memoria económica, dando lugar a una gran incertidumbre sobre si esa financiación será suficiente o no para las Universidades para poder funcionar, más aún cuando los criterios por los cuales se define se aprueban únicamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la financiación variable, supedita al cumplimiento de Contratos Programa y de convocatorias públicas de competitividad cuyos criterios se definen por el gobierno de la CAM, suponiendo, claramente, un ataque indirecto a la Autonomía Universitaria, regulada en el artículo 27 de nuestra Constitución.

Es imprescindible fijar la necesidad de que la Comunidad Universitaria, a través de su Consejo Universitario, tenga que aprobar los criterios de su financiación.

⎯ Así mismo, la separación de la Docencia y la Investigación marcada por la “ creación de grupos de investigación de alto rendimiento ” y la “racionalización de la docencia” y de la “oferta docente” supone un grave perjuicio sobre la calidad de la enseñanza y se desvía del sendero marcado por las mejores universidades del mundo. Aunque conocemos la doble definición de racionalizar, también conocemos los antecedentes del gobierno de la CAM en el uso de este término, siempre usado como sinónimo de reducir.

⎯ Consideramos a su vez, que la universidad pública tiene un deber con la sociedad por lo que recibe de ella, y debe estar al servicio de la sociedad, pero consideramos que no debe estar supeditada al control exhaustivo del Consejo Social. 

El Consejo Social debería ser un órgano de interlocución entre la sociedad y las universidades, para transmitir los intereses de la sociedad a las universidades y que la universidad pueda atender sus necesidades, pero el Consejo Social no debería tener control fiscalizador (para ello ya está el Tribunal de Cuentas), ni de veto sobre la universidad. La universidad debe ser autónoma.

⎯ El Consejo de Universidades, tal y como está planteado, no deja de ser un mero órgano consultivo sin apenas competencias. Es necesario que el Consejo Universitario sea el órgano decisorio de la política universitaria de la Comunidad de Madrid, teniendo la capacidad de, por ejemplo, aprobar los criterios de financiación básica. Además, la representación estudiantil es paupérrima, siendo el colectivo más numeroso de la Universidad. Es necesario al menos un representante por Universidad, elegido de forma democrática.

⎯ Así mismo echamos en falta a lo largo del documento la mención expresa a la dimensión social de los estudiantes. Dimensión fundamental para la educación de las personas y que debería aparecer en un documento tan exhaustivo y que recoge todos los aspectos de la educación superior madrileña. Dicha dimensión aborda los temas relacionados con  las barreras universitarias (ya sean económicas, académicas, normativas o arquitectónicas), inclusión e integración de los diversos colectivos estudiantiles.

Consideramos contraproducente el contenido de dicha ley en la búsqueda de una Universidad pública, universal y de calidad. No sólo no resuelve los problemas de ordenación del Espacio Madrileño de Educación Superior, sino que no cuenta con los estudiantes (a los que dedica, tan solo, 4 artículos de sus 124 artículos) y fomenta la separación entre docencia e investigación, lo que perjudica gravemente la calidad de la enseñanza y se desvía del sendero marcado por las mejores universidades del mundo.

Por los motivos expuestos, los Estudiantes de Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid consideramos negativo y perjudicial el contenido actual del Anteproyecto LEMES para el estudiantado y para la Comunidad Universitaria en general. Abogamos por una enseñanza basada en la cooperación y no en la competición; por una educación que asiente sus pilares en la universalidad y no en el elitismo; por una Universidad centrada en sus estudiantes y no únicamente en sus investigadores; por una universidad implicada en la docencia y que no supedite la enseñanza de calidad a la empleabilidad.

Por todo lo anterior, y asumiendo que una ley con el fondo que propone el actual anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior es necesaria, solicitamos a las autoridades pertinentes que paralicen el proceso de desarrollo de la misma hasta que cuente con el respaldo de la comunidad universitaria y haya sido consensuada con los representantes de la misma, creando los espacios y cauces de diálogo necesarios para este fin.